The assassin, then moved onto the intended victims property and waited for the person to come home. He incorrectly identified another person, shooting and killing them. Apparently, this was due to the intended target and the victim both driving the same type of car.

The court case brought against Soghoyan (organizing a murder and blackmail) was eventually aquitted, although the assassin, Tretyakov, was found guilty of murder and sentenced to 22 years in prison.

According to inmoscowsshadows, there is a lot that can noticed about the evolution of European, and especially Russian gangsters. In the past, the system of vory v zakone (thieves within the code) was a method used to distinguish who was at the top levels of Soviet organized crime. To gain entry, repsect and recognition was earned but nowadays it can be bought. The system continues but membership brings less fear and respect that previosly.

Additionally, there have always been divisions between gangs and ethnic lines. While this may bring a sense of security in dealing with the same people/clans, it can also be their downfall, as certain gangsters will depend too heavily on a select few.

Organized crime throughout Europe, and particularly Central Europe is still big business. After the opening of the borders throughout Europe during the 1990s brought many criminals, gangsters and chancers, all trying to take what they could as quickly as possible, this was then pushed back. Since that time, the Russians, Ukrainians and Armenians, have returned but with a new breed of organized crime arriving with their ready-made services of drug supplies, prostitution, money-laundering and computer hacking to market to the local gangs. There is no need for extreme violence, and in fact there is less violence seen between gangers and organized crime in Europe as a whole.

“…en aquellas áreas donde las UPP se han implementado (aunque sólo cubren una quinta parte de los habitantes de todas las favelas), la tasa de homicidios ha caído un asombroso 80%. El objetivo de expulsar los grandes arsenales de los capos del narco parece estar funcionando y es tremendamente popular, tanto dentro como afuera de las favelas. En particular las madres de hombres adolescentes (quienes solían sufrir las más altas tasas de muertes en las favelas) pueden respirar con más calma cuando sus hijos salen a jugar.”

Para darse una idea de las condiciones de violencia en las favelas de Río y el papel de la policía vale la pena leer el reporte  (aquí el resumen en español) de Human Rights Watch sobre las ejecuciones extrajudiciales  llevadas a cabo por la policía y el ejército de manera regular. También el documental hecho por la televisora inglesa Channel 4 “Bailando con el diablo (Dancing with the devil)” muestra los errores y horrores que las estrategias de seguridad de los gobiernos de Río habían provocado durante años. El documental es muy impresionante en términos de acceso pues sigue a un “jefe de plaza” de una organización criminal, a un policía, y a un pastor que quiere pacificar las colonias.

Otro documental, el cual está en línea sólo en portugués sin subtítulos, es sobre los niños que trabajan como lo que en México conocemos como “halcones”, “Falcão – Meninos do Tráfico” (aquí un pedazo con subtítulos en inglés) hecho por un rapero proveniente de una favela quien quiere dar a conocer las historias y cortas vidas de estos niños.

La complejidad del tráfico y venta de drogas en zonas urbanas de Río ha sido también ficcionalizada en películas como Ciudad de Dios (2002) desde la perspectiva de los criminales, y Tropa de Élite 1 (2007) y Tropa de Élite 2 (2010) desde la perspectiva de la policía militarizada de Río. Desde una perspectiva académica hay un buen resumen en el libro Mafia & Co. (páginas 60 a 82) de Juan Carlos Garzón.

Ver nota completa en: http://redaccion.nexos.com.mx/?p=4406

En repetidas ocasiones funcionarios y asesores de primer nivel del gobierno federal desdeñaron eventos de alta violencia con el argumento de que quienes morían eran, en su gran mayoría, criminales. Algunos actores llegaron a sugerir incluso que el aumento de la violencia era un indicador de éxito de la estrategia. Por ejemplo, Joaquín Villalobos, asesor presidencial en materia de seguridad, señaló en 2010 que “la mayor parte de las bajas de los delincuentes resultan del proceso de autodestrucción de los cárteles, que se profundiza cuando el Estado los confronta. En este tipo de guerra esto es un progreso”.1

El gobierno federal impulsó una estrategia de captura de capos que, como he documentado en otros textos, contribuyó a detonar crisis de violencia en varias regiones del país. Perseverar en dicha estrategia sin tomar medidas encaminadas a contener el aumento de la violencia fue irresponsable. El carácter contagioso de la violencia no es ninguna novedad. Como lo describo en este artículo, y como lo demuestran numerosas experiencias en México y otros países, los estallidos de violencia tienden a expandirse y perpetuarse cuando no se contienen oportunamente.

Hasta hace poco el gobierno mexicano pretendía minimizar la magnitud de la crisis de seguridad al señalar con insistencia que la violencia estaba acotada geográficamente. De forma engañosa nos decía que 70% de las muertes vinculadas con el crimen organizado se concentraba en 4% de los municipios (cuando en ese bajo número de municipios vive más de la tercera parte de los mexicanos).

En cualquier caso, hoy ya no es posible sostener bajo ningún criterio que la violencia del crimen organizado está confinada a unos pocos rincones del país. Desde fines de 2009 se aceleró la dispersión geográfica de la violencia, que hasta entonces se había concentrado, esencialmente, en seis estados (Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán y Sinaloa). Dos de los casos más dramáticos fueron Nuevo León y Tamaulipas, que en pocos meses transitaron de entidades en relativa calma a estados en los que se libraban las batallas criminales más cruentas del país. Y hubo más casos. En 2010 la región centro occidente, de forma particular Nayarit, registró un incremento dramático en los niveles de ejecuciones. En 2011 uno de los casos más notorios fue Veracruz, aunque en otros puntos del país también se observaron preocupantes escalamientos de la violencia. Como lo sugiere la evidencia, la violencia y la inseguridad parecen seguir un patrón de crecimiento similar al de las enfermedades contagiosas.

Cuando los grandes brotes de violencia se analizan empíricamente a través de métodos similares a los que se utilizan en el sector salud para detectar epidemias biológicas (principalmente con el propósito de llevar a cabo campañas de vacunación oportunas). Una de las metodologías más comunes utilizadas para detectar epidemias biológicas es el análisis de la frecuencia de casos. Por ejemplo, en 2009 la pandemia por el virus AH1N1 se declaró después de que se detectó un número atípico de pacientes con problemas respiratorios.

Las metodologías para detectar epidemias en el sector salud ya han sido adaptadas para analizar la violencia y otras “epidemias sociales” que parecen seguir patrones de contagio similares a los de algunas enfermedades. Por ejemplo, se han desarrollado modelos para establecer la probabilidad de que ocurran disturbios en eventos masivos, tomando parámetros como el número de personas en el evento, el número de individuos violentos, y el grado de intoxicación por consumo de alcohol. Sin embargo, no tengo conocimiento de que hasta ahora se hayan desarrollado modelos para detectar epidemias de violencia en ámbitos más amplios.

En la siguiente sección describo los resultados que arroja una metodología sencilla de análisis de frecuencias para establecer las alertas de 10 epidemias de violencia, con base en datos de ejecuciones en municipios y zonas metropolitanas de México. En este análisis identifico una alerta epidémica (identificada con una ancha barra vertical) siempre que en un municipio o zona metropolitana, en la que se registraron al menos 50 ejecuciones en los 12 meses previos, se observa un aumento estadísticamente significativo en el número de ejecuciones durante dos meses consecutivos.

Ver artículo completo: http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulo&Article=2102772

“El gran cartel se desintegra y nacen muchos carteles. Mandos medios de la organización, escoltas y algunos empleados de confianza de los capos se convierten en Dones”, dice Camilo Chaparro en su libro ‘Historia del Cartel de Cali’.

Por su parte, el politólogo Gustavo Duncan, experto en temas de narcotráfico y conflicto armado, explica que en todo el país, “actualmente los que manejan la violencia son quienes se apoderaron del negocio del narcotráfico (…) Viene de una evolución y una era criminal. El control del negocio se hace con violencia”.

El imperio de Varela

Con la muerte de Henao, Varela, rodeado por los jefes de más de 20 ‘oficinas de cobro’ que delinquían en el Valle del Cauca, especialmente en Cali y Tuluá, desató una guerra contra la familia de ‘Pacho Herrera’ (uno de los cabecillas del Cartel de Cali). Luego, se enfrentó con Montoya, en una confrontación que dejó más de 1.200 muertos en la región.

En medio de ese conflicto, Varela creó un ejército de hombres llamado ‘los Rastrojos’, por el apodo de jefe: Diego Pérez Henao, alias ‘Diego Rastrojo’. Montoya, por su parte, conformó ‘los Machos’. Ambos grupos tenían su injerencia en el Cañón de Garrapatas y en las poblaciones del norte del Valle, como El Dovio, Bolívar, Roldanillo y Zarzal.

Con la guerra fueron cayendo, detenidos o muertos, casi todos los alfiles de ambos capos. Además, a los otros jefes del Cartel del Norte del Valle, como Hernando Gómez Bustamante y sus herederos, Arcángel Henao Montoya, y Juan Carlos Ramírez Abadía, ‘Chupeta’, los capturaron en Cuba, Panamá y Brasil. Actualmente están presos en Estados Unidos.

“Si hasta entonces el Cartel del Norte del Valle (agrupación que empezó trabajando para los carteles de Cali y Medellín) estaba caracterizada por lo sanguinarios de sus miembros, el hecho de que su nuevo jefe fuera un sicario aumentó las guerras que este grupo desató”, explica un investigador de la Policía.

Ariel Ávila, analista de la Corporación Arco Iris, dice que el hecho de que los mandos medios hayan asumido el liderazgo en estos grupos también los ha hecho más vulnerables. “La política pública de seguridad ha estado enfocada en llevar tras las rejas a estas personas, que protagonizan los hechos de sangre, pero hace más de ocho años no desarticulan bandas de lavadores de dinero en el Valle”, asegura Ávila.

Este cambio, al igual que las operaciones de las autoridades, han hecho que los capos actuales tengan una vida más corta como jefes de su organización.
Varela fue el cabecilla de su grupo por aproximadamente siete años, sus sucesores: Javier Antonio Calle Serna, ‘Comba’, y Diego Pérez Henao, ‘Diego Rastrojo’, duraron cuatro años.

Calle Serna inició desde muy joven su carrera delictiva como sicario. Según inteligencia de la Policía, fue el pistolero, que lideró el ataque contra William Rodríguez Orejuela, hijo de Miguel Rodríguez, jefe del Cartel de Cali, en 1996 en un restaurante de la ciudad. Y años después, asesinó en Cartagena a Miguel Solano, hombre de confianza de Diego Montoya.

Y Pérez Henao, quien también empezó como sicario, pasó a crear a finales del 2001 un grupo de 50 hombres en el Cañón de Garrapatas que se extendieron a ocho departamentos, en una especie de franquicia, con jefes independientes.

“’Los Rastrojos’ están organizados en ‘células’ o grupos más pequeños. Los grupos pueden estar organizados con base en el área geográfica en donde ellos operan o de acuerdo con el área en la que tienen experiencia (es decir, transporte, recibo de pagos de parte de otras organizaciones de tráfico de narcóticos, retaliación o muerte a rivales o amenazas)”, indica un documento de la Fiscalía de Estados Unidos.

¿El fin de ‘Los Rastrojos’?

Durante media hora un grupo de oficiales de la Policía colombiana dialogó con Diego Pérez Henao ‘Diego Rastrojo’, antes de ser trasladado desde Barinas -sitio de su captura- hasta Caracas.

Pérez Henao en esos minutos les relató que con su detención ‘los Rastrojos’ se quedaron sin jefe, pues considera que ninguno de sus lugartenientes tiene el perfil para controlar este ejército de más de dos mil hombres que están extendidos por ocho departamentos del país.

Señaló que nisiquiera Luis Enrique Calle Serna (hermano de Javier Antonio, alias Comba’, quien era socio de ‘Rastrojo’, pero con el que se peleó hace poco tiempo) podía sucederlo. “Luis Enrique siempre ha sido un buena vida, no tiene el carácter ni la fuerza para asumir el liderazgo”, les dijo a los uniformados.

El capo les agregó que con su captura, su organización podría verse diezmada, porque ‘los Urabeños’ intentarían desplazar a sus hombres, al no tener un jefe máximo.

Un investigador de la Policía contó que Pérez Henao aseguró que ‘Don H’, uno de los herederos de Diego Montoya (su enemigo), saldría libre en seis meses y se va a aliar con los hermanos Pérez, que son primos de ‘Don Diego’ y que hacen parte de ‘los Urabeños’.

El grupo de ‘los Urabeños’ está apoyado, según la Policía, por Greilin Fernando Varón, apodado Martín Bala’; alias El Negro Orlando y alias ‘Chicho’ o ‘El Zarco’ (familiar del extinto capo Iván Urdinola Grajales), quienes estaban en una guerra abierta contra la estructura de ‘Comba’.

Diego Pérez le dijo a los policías colombianos que su grupo estaba en guerra con ‘los Urabeños’. Y corroboró que él y ‘Comba’ se enfrentaban. La disputa se inició porque Javier Antonio le recomendó que se entregara a las autoridades estadounidenses y él se había negado.

También reconoció que él, junto con Javier Antonio, habían sido las personas que asesinaron a su jefe Wílber Varela, ‘Jabón’ en una cabaña en Mérida, Venezuela, en enero del 2008.

A Varela, según les dijo Pérez Henao’, lo asesinaron porque ‘Comba’ y el mismo ‘Rastrojo’, querían ganar terreno en los Santanderes, en la frontera con Venezuela, pero su jefe se los prohibió, ya que esa zona la controlaban un grupo de ‘Águilas Negras’ que delinquían para el extraditado jefe paramilitar ‘Macaco’, amigo de ‘Jabón’.

¿El fin del clan de Varela?

Luego de la entrega en mayo pasado de Javier Antonio Calle Serna a la DEA, negociación que permitió llevar tras las rejas a sus lugartenientes -que también colaboran con Estados Unidos- y la captura la semana anterior de ‘Rastrojo’, las autoridades intentan establecer quiénes serían los sucesores de estos capos, que heredarían las rutas y contactos del narcotráfico, especialmente por el Pacífico y la frontera con Venezuela.

En la baraja de sucesores no hay candidatos claros. “No se ve ninguna persona que pueda unir todas esas pequeñas agrupaciones”, explicó un oficial de la Policía. Las hipótesis que manejan los diferentes organismos de seguridad están encaminadas a que el poder de esta estructura sea disputado por ‘los Urabeños,’ en una serie de hechos de sangre que ocurrirían especialmente desde Tuluá hacia el norte del Valle.

Otra de las versiones apunta a que Luis Enrique Calle, hermano de ‘Comba’, y alias Galleta, miembro de su estructura, están intentado reacomodar las ‘oficinas de cobro’ de Javier y contactar a los jefes regionales de las estructuras de ‘Los Rastrojos’ en todo el país para volver a tener el control del narcotráfico.

Ver nota completa: http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/gatilleros-capos-del-narcotrafico-historia-del-cartel-del-norte-del-valle

Al renovar su alerta de viajes, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el gobierno español destaca que no existe ninguna zona del país sin problemas de seguridad y mantiene la sugerencia que hizo en 2011 de que, en el caso de las ciudades fronterizas, sus connacionales opten por hospedarse en Estados Unidos.

En las recomendaciones de la cancillería española, vigentes desde abril pasado, se indica que en el marco del combate al narcotráfico emprendido por el gobierno de México, que ha derivado en enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas de seguridad, “lamentablemente, los casos de terceros inocentes afectados no son infrecuentes”.

El reporte detalla que se producen incidentes aislados en los que los criminales “atacan lugares donde se hallan tanto personas vinculadas como no relacionadas en absoluto con el crimen, tales como bares en horas de apertura, restaurantes con puerta directa a la calle, locales comerciales, fiestas [...] no es descartable que terceros presentes, incluyendo extranjeros, puedan verse afectados por los mismos”.

Agrega, que “además, al amparo de la delincuencia organizada, florecen también otros tipos de violencia que adoptan la forma de asaltos, robo de vehículos, secuestros y extorsiones”.

A partir del análisis sobre la situación que impera en el país, el gobierno español señala que “salvo necesidad personal o laboral, se recomienda evitar por el momento la estancia en una serie de áreas y poblaciones; si deben visitarse, se lleve a cabo siempre de día, procurando no aventurarse en otras zonas urbanas o rurales aledañas, limitándose las salidas nocturnas”.

En este contexto, en su página de internet, el ministerio español clasificó como “zona de riesgo que debe evitarse” a Ciudad Juárez, Chihuahua; “la visita a dicha ciudad no es recomendable en ningún caso”. Incluso sugiere alojarse en El Paso, Texas, en Estados Unidos, y cruzar la frontera las veces que sea necesario.

Ver nota completa: http://www.eluniversal.com.mx/notas/852014.html

Las palabras de Gonzalo, un ex policía reconvertido a sicario al que Grillo entrevistó como parte de diez años de investigación recorriendo la violenta geografía mexicana, me hace tragar saliva y moverme incómodo en la silla. Es el testimonio crudo de la violencia que vive México, anoto en la libreta. Un país que, de acuerdo con la tesis principal del libro de este experimentado periodista que ha escrito del fenómeno para múltiples medios internacionales como Time Magazine, CNN, Associated Press, o Reuters, está inmerso en una sangrienta “insurgencia criminal armada”, a pesar de que “hablar de insurgencias, guerras y Estados fallidos produce escalofríos a los funcionarios que buscan dólares del turismo” y las inversiones extranjeras. ”Un día el presidente Calderón se pone el uniforme militar y dice que no habrá cuartel contra los enemigos de la patria y al siguiente asegura que no, que es un problema que hay en unos pequeños municipios. Es decir, hay mucha confusión en el discurso político sobre lo que está pasando“, me dice Grillo ya sentado frente a mí y con los ojos azules muy abiertos en esta entrevista para Animal Político. “Pero si ves el desarrollo del narcotráfico y cómo ha ido cambiando en los últimos diez o doce años -hace una pausa para dar un ligero sorbo al café mientras la calavera de pistolas nos observa ahora a los dos con curiosidad- está claro que este problema no se puede ver solamente en términos de mafia y pandilleros. En México estamos ante una guerra de baja intensidad”. 

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PREGUNTA: ¿Qué va a encontrar el lector en tu libro ‘El narco. En el corazón de la insurgencia criminal mexicana’?

RESPUESTA: En el libro se hace un retrato lo más completo posible del narcotráfico en México, desde sus raíces a comienzos del siglo XX hasta la actual ‘Guerra’ que lleva 60 mil víctimas. Asimismo, expongo la anatomía del sicariato y del negocio de las drogas a través de un análisis de la llamada ‘cultura-narco’ (narcocorridos, el fenómeno en el cine, la música, la forma de vestir); de la cuestión religiosa, y de los grupos armados y las tácticas que éstos emplean para pelear con rivales y con las fuerzas del Estado. Se trata, en definitiva, de una obra con la que no estoy buscando chocar con los cárteles de la droga, o con las autoridades. Lo que intento hacer es un análisis profundo del problema, buscarle sentido al conflicto y soluciones a largo plazo.

P. El subtítulo en la portada de tu libro dice ‘En el corazón de la insurgencia criminal mexicana’. ¿Realmente hay una insurgencia, tipo guerrilla, en México?

R. Cuando llegué hace once años a México, a los sicarios se les llamaba gatilleros. Es decir, eran pandilleros de oficio, y mucho de ellos eran chicanos importados de Estados Unidos. Sin embargo, hoy ya hablamos de grupos de estilo paramilitar; de grupos de 50 personas armados con ametralladoras AK-47, armas largas, lanza granadas, y un nivel de violencia que está dejando masacres y fosas comunes con cientos de cadáveres, un gran número de refugiados que huyen de estos grupos, y feroces ataques contra las autoridades de seguridad que, año con año, están perdiendo miles de efectivos.

Entonces, si ves el desarrollo del narcotráfico en México y cómo ha ido cambiando en los últimos diez o doce años, está claro que este problema no se puede ver solamente en términos de mafia, como Al Capone. Porque si estudias la mafia italiana, nunca verás este nivel de violencia. Además, decir que lo que hoy pasa en México es un asunto sólo de mafias, es minimizar el problema. Ten en cuenta que Al Capone, en su peor masacre, mató a siete personas. Aquí, los Zetas mataron a 72 de una sola vez. Por eso, hay que buscar otros términos para definir el problema y buscar una solución.

P. Y propones al respecto el término de insurgencia armada…

R. Así es. Aunque cuando se habla de insurgencia criminal es cierto que los políticos se confunden y no aciertan a usar un lenguaje para describir el conflicto. Por ejemplo, el presidente Felipe Calderón un día se pone el uniforme militar y dice que no habrá cuartel contra los enemigos de la patria y otro día dice que es un problema que hay en unos pequeños municipios. Otro ejemplo: en Estados Unidos de repente viene Hillary Clinton y en su primera visita a México y asegura que esto es un problema de pandilleros, como vivieron en el Bronx en los años 70, y luego allí dicen que aquí hay coches bomba y una insurgencia como en Colombia. Es decir, hay mucha confusión en el discurso político sobre lo que está pasando, por eso hay que ver que realmente se trata de un problema de ‘guerra de baja intensidad’; estamos ante un nuevo tipo de conflicto al que tenemos que enfrentar.

P. ¿A qué te refieres exactamente cuando afirmas que en México hay una insurgencia criminal?

R. El concepto de insurgencia criminal se refiere a la existencia de grupos que usan tácticas de guerrilla pero sin una ideología, sin un programa. Tan solo tienen intereses comerciales o criminales.

P. En las páginas de tu libro aseguras que “hablar de insurgencia provoca escalofríos a los políticos y funcionarios” de México. ¿Por qué ese rechazo frontal a esta posibilidad? 

R. Primero, porque el término de insurgencia es algo muy sensible en México. Ten en cuenta que los insurgentes fueron los héroes de la patria y, claro, ¿cómo se puede comparar a los narcotraficantes, que son unos demonios, con los ídolos nacionales? En cambio, en Estados Unidos es al contrario: los insurgentes son los malos que pelean contra sus marines en Afganistán o Irak, por eso para el estadounidense es más fácil hablar de insurgencia.

Además, los políticos de aquí perciben que si se empieza a hablar de insurgencia va a ser peor de cara al exterior para la ‘marca México’, la cual ha sido brutalmente golpeada por este problema, lo que a su vez también ha provocado una fuerte crítica del Gobierno hacia los medios internacionales por cómo tratamos este asunto. Y aunque es cierto que, a veces, sí hay maltrato y periodismo amarillista, realmente los hechos hablan por sí solos.

P. ¿Cuál es la responsabilidad de Estados Unidos en la situación actual de la guerra contra el narco? En México se reprocha frecuentemente a Washington que de este lado se ponen los muertos mientras ellos consumen la marihuana…

R. Estados Unidos tiene una responsabilidad enorme en el narcotráfico. Pero, en mi opinión, todos los países deberían trabajar juntos en este tema, ya que es una cuestión totalmente internacional. Es decir, no puede verse sólo como una cuestión interna de un país en concreto, porque los grupos criminales son internacionales.

Ahora bien, Estados Unidos ha demostrado que tampoco tiene una táctica muy clara sobre el combate a las drogas en México. El Plan Mérida no ha sido exitoso porque ha apoyado al gobierno de Calderón, el cual ha fracasado en su táctica. Porque, ¿quién puede decir que ha tenido éxito? Tal vez, podemos decir que ha dado resultados en cuanto a la captura y muerte de capos de la droga, ¿pero quién puede decir que México es hoy más seguro que en el año 2006? Sería francamente muy difícil argumentar esta cuestión.

Ver nota completa: http://www.animalpolitico.com/2012/06/los-zetas-han-cambiado-las-reglas-del-narcotrafico-en-mexico/

Las reformas entraron en vigor el 6 de junio pasado con la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial, que añade nuevos artículos al Código Penal local sobre la materia y deroga otros.

Anteriormente, las disposiciones sobre tortura solo castigaban la violencia por parte de una autoridad con el objeto de obtener una confesión. Las modificaciones publicadas hace unos días contemplan sanciones contra “cualquier acto de intimidación contra los ciudadanos que se encuentren detenidos”, dijo a CNNMéxico Juan José Ochoa, subsecretario de gobierno del Distrito Federal.

“No es solo para sacar una información, sino para provocarles cualquier reacción o simplemente para intimidar”, dijo.

La ampliación permitirá perseguir la tortura más allá del proceso de investigación, en abusos cometidos en otras instancias como la detención y el encarcelamiento, según el funcionario.

“Puede ser calificado como tortura cualquier acto de intimidación, desde la detención de la policía, luego en todo el proceso penal y posteriormente bajo reclusión penitenciaria”, dijo.

También se introduce la violencia sexual como un medio de coacción y como un agravante del delito.

La reforma facilitará a los abogados y defensores probar los episodios de tortura ante los tribunales, lo cual ayudará al seguimiento de casos de abusos, aseguró Ochoa.

“Va a ayudar mucho al acompañamiento de defensores y organizaciones de derechos humanos”, dijo.

Los servidores públicos que incurran en tortura pueden recibir de tres a 12 años de prisión y de 200 a 500 días de salario mínimo como multa, según las penas establecidas en las reformas, que permanecieron iguales que en la legislación anterior.

Un delito ahora imprescriptible

Además de la ampliación del tipo penal, las modificaciones integran otros dos elementos fundamentales, que son sanciones específicas por omisiones y la imprescriptibilidad del delito, dijo a CNNMéxico Alejandra Ojeda, asesora de la Consejería Jurídica del gobierno del Distrito Federal.

Los funcionarios públicos ya estaban obligados a intervenir cuando conocieran casos de tortura, pero las reformas ahora prevén sanciones contra los que, con su silencio u omisiones, tengan alguna corresponsabilidad con el delito, detalló Ojeda.

Este aspecto también fue destacado por el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín.

“Nos parece fundamental en esta tipificación, que no solamente (es castigado) quien la comete, sino quien favorece mediante sus actitudes la comisión de actos de tortura”, dijo Marroquín a CNNMéxico.

En tanto, la imprescriptibilidad permitirá que cualquier caso sea denunciado independientemente del tiempo en que ocurrió. Esto es particularmente útil cuando las agresiones son tan brutales que las víctimas no denuncian y cuando intentan hacerlo se encuentran con que el delito ya caducó.

“Parecen una cosita de nada, pero (las tres modificaciones) cambian totalmente el sentido de las cosas”, aseguró Ojeda.

Redefinición, un precedente para México

Las reformas tienen una importancia central en la ampliación del tipo de delito en el país para incluir cualquier forma de presión, dijo a CNNMéxico el doctor en Filosofía del Derecho y catedrático en la UNAM, Samuel González.

“La tortura no puede justificarse en ninguna ocasión, ni por razones de seguridad nacional ni de seguridad pública ni de otros tipos”, aseguró el también analista internacional en asuntos de seguridad. “La autoridad tiene que basar sus investigaciones con base en elementos y capacidad de entrevista (…) así que desde esta perspectiva son bienvenidas las reformas sobre tortura”.

Ver nota completa: http://mexico.cnn.com/nacional/2012/06/08/el-df-se-adelanta-a-la-federacion-en-ampliar-la-definicion-de-tortura

Veintidós planes de seguridad después, y tras el fracaso de once ministros, los trece años de gobierno de Hugo Chávez le valieron al país el segundo índice de homicidios más alto del continente: 57 por cada 100 mil habitantes.

Venezuela supera incluso a México, cuya tasa se mantuvo estable en 18 asesinatos por cada 100 mil habitantes en los últimos dos años, y está muy lejos de Colombia, que logró bajar ese indicador un 41,8% en dos décadas, según cifras de la ONU.

Desde 1999, fallecieron en manos de la violencia 157.808 venezolanos. En la actualidad, cada 30 minutos un ciudadano es asesinado y cada 8 horas otro es secuestrado.

“Hay varias razones por las que Venezuela se convirtió en un país violento. La primera es que los dirigentes de nuestro país no dieron el debido ejemplo. No fueron honestos, no trabajaron por la convivencia ciudadana ni por el diálogo”, aseguró el criminólogo Fermín Mármol García a Infobae América. “A eso hay que sumarle la corrupción campante que existe y que se fortaleció en un sistema como el venezolano, personalista, presidencialista”, agregó.

Alberto Arteaga Sánchez, un reconocido penalista venezolano, opinó que, independientemente del problema del tráfico de drogas, “el factor fundamental que explica el incremento alarmante de la inseguridad, de la violencia y del delito en general es la impunidad“. “Más del 90% de los homicidios queda impune”, advirtió.

Las fuerzas de seguridad venezolanas están señaladas, al igual que el propio gobierno, por sus vínculos con organizaciones narcos. Desde oficiales hasta altos mandos del Ejército son sospechados de haber trabajado para los cárteles y de haber facilitado su ingreso al país.

“Esa es una de las causas de la inseguridad. En el aspecto más directo, por la perpetración de delitos amparados por las propias fuerzas de seguridad y en segundo lugar, y de manera más amplia, por la crisis institucional que provoca, por el impulso que da ante el delincuente común, quien se dice: ‘Si la policía lo hace, ¿por qué no yo?’”, consideró el sociólogo Roberto Briceño León, director del Observatorio de Violencia Venezolana (OVV), en diálogo con Infobae América.

El abogado penalista reconoció que, más allá de la corrupción en los órganos encargados de la seguridad ciudadana y de la Justicia penal, el otro problema es que sus empleados carecen de recursos humanos y materiales. “Por ello, y por los altos niveles de politización, se encuentran impedidos de cumplir a cabalidad con sus tareas”, indicó.

En lo que va del año, al menos 40 funcionarios policiales fueron asesinados sólo en la zona del Gran Caracas. De las víctimas, 17 murieron en enfrentamientos donde el objetivo de los delincuentes fue robarles su arma reglamentaria.

Consultado sobre la formación y capacitación de los policías, Briceño León consideró que si bien existe algo de ineptitud en el accionar policial, no puede adjudicársele la causa central de los problemas. “No podemos pensar que ahora los policías desaprendieron lo que sabían. El propio ministro (de Interior y Justicia, Tarek El Aissami) tiene una buena y adecuada formación, el problema es de tipo político e ideológico”, afirmó.

Marmol García, que asesoró al candidato presidencial de la oposición, Henrique Capriles, en su programa de seguridad, coincidió: “Lafunción policial no se reivindicó, un agente del cuerpo preventivo gana lo mismo que un obrero. Los salarios son malos y padecen un déficit de tecnología y de personal importante”.

“Ha existido una desmoralización de la policía, una politización y desarme parcial, como ocurrió en los estados controlados por la oposición”, agregó Briceño León. “El problema es que las autoridades creyeron que deben hacer sólo prevención y no usar la fuerza porque eso es una medida de ‘la derecha’. Esa confusión ideológica hace que las capacidades que puedan tenerse no sean usadas”.

Según estadísticas de la oposición, la situación de la seguridad en Venezuela es deficitaria. En materia de prevención del delito se requiere duplicar la cantidad de agentes; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) tiene un déficit del 300%, mientras que la cifra llega al 90% en el caso de la Justicia penal y al 70% en el de los fiscales.

Además debe considerarse que el sistema penitenciario vive un índice de hacinamiento del 350%, lo que provocó importantes motines en el último año y más de 5 mil muertos dentro de las cárceles en la gestión de Chávez.

“La seguridad ciudadana no fue prioridad en el siglo XXI. El Gobierno se dedicó a exportar su revolución, a crear alianzas políticas con los países no alineados, a vender petróleo”, aseguró el criminólogo.

El uso político de la inseguridad

El presidente venezolano fue creativo o esquivo en lo que respecta a la inseguridad. Pese a su polémica declaración en la que responsabilizó al consumo de cerveza por los delitos -hace dos años- y sus denuncias de que detrás de la cifras de homicidios y secuestros se encontraba una campaña opositora para desestabilizarlo, la violencia ciudadana no aparecía entre sus prioridades.

Sin embargo, en momentos en que trabaja en la campaña de su candidatura para lograr la reelección y cuando el 70% de los venezolanos ubican al problema como la mayor preocupación, Chávez decidió tomar las riendas de las políticas del sector y diseñó el plan “Mision a Toda Vida“.

El programa será lanzado en junio, estará a cargo del ministro El Aissami y sustituirá al reciente “Gran Misión Seguridad“, que entró en vigor hace apenas cinco meses. La iniciativa, además de cambiar de nombre, incluye la reforma del Código Orgánico Procesal Penal.

“El grave problema de inseguridad y de la delincuencia no se va a resolver con reformas legales. El problema está en el eficaz funcionamiento de los órganos encargados de velar por la seguridad ciudadana y de administrar justicia”, se quejó Arteaga Sánchez en diálogo con Infobae América.

En palabras del propio Chávez, el nuevo plan se ocupará, nada más y nada menos, que de “la prevención integral junto a la convivencia solidaria, el fortalecimiento de los órganos de seguridad, la transformación del sistema de Justicia penal y la creación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la transformación del sistema penitenciario, la instalación de un sistema nacional de atención a las víctimas, y la creación y socialización de conocimiento para la convivencia y seguridad ciudadana”.

Ver nota completa: http://america.infobae.com/notas/51649-Inseguridad-en-Venezuela-la-realidad-que-incomoda-a-Chavez

Según los datos del Sistema Institucional de Información Estadística (SIIE), durante este periodo se abrieron 3 mil 792 indagatorias. En 2007 se iniciaron 496; en 2008, 712; en 2009, 740; en el año 2010, 766; y en 2011, mil 78.

Los datos que incluyen las indagatorias de los estados y la SIEDO refieren que a nivel estatal se tramitaron dos mil 27 investigaciones. De ellas, los estados de Tamaulipas con 375; Veracruz, 163; Coahuila, 135; Zacatecas, 130; Michoacán, 128; Durango, 127; Distrito Federal, 114; Estado de México, 87; Guerrero, 66; Chiapas, 64; y Nuevo León con 59, reportan mayor incidencia.

Por su parte la SIEDO reportó que tramitó mil 765 averiguaciones, sin embargo, se desconoce en qué estados ocurrió.

Los datos que refiere la dependencia federal indican que en el año 2007 se iniciaron 319 averiguaciones; en 2008, 350; en 2009, 337; en 2010, 282, y 477 en 2011.

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The surrender of 272 members – slightly more than a third of ERPAC’s total armed strength – was the first time a New Illegal Armed Group (NIAG) with roots in the demobilised paramilitaries had chosen to give up its weapons. Pressure to surrender had been building, externally and within the group, since police killed its founder, alias “Cuchillo”, in December 2010. The former mid-level paramilitary leader had made ERPAC the dominant illegal armed force in parts of Meta, Guaviare and Vichada departments, with a key role in drug trafficking and other organised criminal activities. But with substantial links to the regional and local political elite as well as to parts of the security forces, ERPAC was always more than an ordinary criminal outfit. It exercised strict social control in its strongholds, including through targeted killing of community leaders, and was responsible for displacements, child recruitment and sexual violence.

ERPAC members currently face criminal proceedings before ordinary courts. They may seek benefits provided for by the criminal justice system such as the reduction of sentences in return for accepting charges. But they are not eligible for the benefits of the government’s demobilisation, disarmament and reintegration (DDR) program. This is because the government considers groups such as ERPAC criminal organisations (BACRIMs in the Spanish acronym) and not part of the internal armed conflict. For the same reason, NIAG members are also not eligible for consideration under transitional justice measures such as the 2005 Justice and Peace Law (JPL).

A wholesale extension of DDR and transitional justice mechanisms to NIAGs would be unwarranted, but the exclusive reliance on the ordinary criminal law to try their members has its downsides. First, it leaves victims without legal guarantees and benefits extended to the victims of the guerrillas and the paramilitaries; a March 2012 Constitutional Court ruling might, however, open the door for some NIAG victims to be covered by the new 2011 Victims Law. Secondly, it leaves former fighters without a clear perspective of civilian reintegration, thus increasing risks they will take up arms again. Serious crimes committed by NIAGs need to be fully investigated and prosecuted, but a more expansive approach to dismantling these groups is also required where there is a sufficient link to the armed conflict.

Contrary to government hopes, the ERPAC process revealed the limits of its surrender strategy, rather than vindicating it. The attorney general’s office had little choice but to free most of the fighters almost immediately, as only nineteen leaders were originally subjects of an arrest warrant. This obliged prosecutors and the police to recapture ERPAC members one by one, an onerous, still incomplete task. The public outrage was understandable, but more damaging is that the process will likely fail both to punish those responsible for serious crimes and to have a structural impact on ERPAC’s business activities as well as its corrupt links with politicians and security forces. Potential information from rank-and-file members on ERPAC operations appears not to have been fully exploited. Leaders do not face a credible threat of serious criminal charges and thus have little incentive to collaborate seriously with the judicial system.

But the problem goes further. The government’s sharp conceptual distinction between parts of the conflict and organised crime groups – upon which the logic of the surrender was built – poorly reflects on-the-ground complexities. Groups such as ERPAC do not fully replicate the paramilitaries, but they cannot and should not be considered in isolation from the broader context of the internal armed conflict. This means that dismantling the NIAGs involves more than investigating and punishing individual criminals. It also requires dismantling corrupt networks, guaranteeing victims’ rights and preventing rearmament. Given its current weakness, reconciling such disparate interests overburdens the judicial system. The Santos administration deliberately left the field to the attorney general’s office, but the shortcomings revealed in the ERPAC experience have highlighted the need for an explicit surrender policy that goes beyond individual criminal prosecution and has active government leadership.

After the Uribe administration long downplayed the NIAG threat, President Santos has taken a stronger stand, though results have remained elusive. Combating NIAGs is a complex challenge, involving multiple government agencies and cutting across several policies. But without an explicit surrender policy, the government’s anti-NIAG strategy will continue to fall short. Such a policy could also have benefits beyond future exercises with NIAGs. A more credible and encompassing approach to tackling NIAGs might become a crucial part of guarantees for the new peace talks with the guerrillas that the government is slowly preparing the ground for.

RECOMMENDATIONS

To facilitate collective surrenders of NIAGs in a manner that ensures their complete dismantlement, including front structures and corrupt networks, guarantees the protection of victims’ rights and prevents rearmament, while avoiding impunity

To the Government of Colombia and the Attorney General and other Judicial System Authorities:

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Descargar: DISMANTLING COLOMBIA’S NEW ILLEGAL ARMED GROUPS- LESSONS FROM A SURRENDER